El ejercicio de la soberanía popular

Abraham Lincoln, en su famoso y breve discurso pronunciado en la ciudad de Gettysburg, en la Dedicatoria del Cementerio Nacional de los Soldados, pedía que las muertes de la guerra civil no fueran en vano y que no desapareciera nunca de la faz de la tierra “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, naciendo así una nueva manera de comprender la soberanía.

Anteriormente, la soberanía era entendida como la facultad del monarca de decidir con facultad de imperio sobre las personas o asuntos a su cargo. Esta concepción se ha transformado totalmente en el transcurso de la historia y el tiempo. Las sociedades modernas han pactado en sus respectivas constituciones que la soberanía radica en el pueblo y se ejerce por él. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la soberanía popular se encuentra establecida en el artículo 39, en donde se contiene la máxima de que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Es decir, existe un límite moral y jurídico para quienes detentan el poder, consistiendo éste en la imposibilidad de violentar, por acción u omisión, los derechos del gobernado.

En efecto, las constituciones modernas son productos de procesos orientados por el afán democrático y se caracterizan por el señalamiento claro de las facultades de actuación y límites de quienes ostentan el poder público. Son esfuerzos colectivos de racionalidad para sentar las bases de un mejor nivel de vida para todos, confiándose tan ingente responsabilidad en órganos representativos elegidos por la voluntad del pueblo, auténtico y originario titular de la soberanía.

Sin embargo, en una visión distorsionada del concepto, conveniente por lo demás para los gobernantes, buena parte de los ciudadanos cree que la soberanía es transmitida mediante el voto, y que las decisiones colectivas, por ende, deben dejarse sin restricción alguna al criterio del presidente, los gobernadores, los diputados y los jueces, fomentándose así la idea de que tales personajes pueden hacer y deshacer a voluntad. Esta percepción errónea ha sido cultivada y alimentada por muchos servidores públicos que buscan desarrollar su labor sin atender los límites que les imponen la constitución y las leyes que de ella emanan.

Es por ello que la ciudadanía debe retomar su rol protagónico en la democracia, observar de manera objetiva las propuestas y proyectos que ofrecen los candidatos postulados a cargos públicos, ejercer el derecho al voto; y después, someter a los funcionarios electos a un puntual seguimiento para que sus decisiones y acciones estén dentro del marco de la legalidad.

Sólo así, como lo dice nuestra Constitución, los ciudadanos ejercerán debidamente su soberanía, y obligarán a los gobernantes a dar cumplimiento al mandato encomendado: trabajar para el beneficio del pueblo.

Sapere aude

Nota: El presente artículo fue publicado el día 13 de junio de 2013 en la columna OpinanDHo en el Periódico El Cinco.