El perfil de un ombudsman

Epístola para una persona que trabaja en el Poder Judicial.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a trece de septiembre de dos mil diecinueve.

El que suscribe, Everardo Valdez Torres, trabajador al servicio de la impartición de justicia, atrevo a suscribir las siguientes líneas con la finalidad de proporcionar ciertas reflexiones y sugerencias ante la ilegítima y temeraria intromisión del titular del Poder Ejecutivo de México sobre el Poder Judicial.

Para una mejor comprensión, resulta necesario hacer ciertas acotaciones. Les escribo a título personal en una carta dirigida a una persona indistinta, conocedora o no del derecho, o del entramado jurídico que implica la independencia judicial.

La redacto de manera humilde tal como lo hace quizá una apóstol a su feligres, la maestra a su educador, o la misiva que se le envía a un amigo, como un niño que escribe a Papá Noel sobre cómo debería entregar los regalos de navidad.

Pero también, la construyo pensando en quien me lea, no me considera una persona pedante o ajeno a la carencia social, ya que lo que me motiva es la mal estrategia gubernamental federal 2019-2024.

Escribo, temeroso del resultado funesto u honesto, de la manera en que quizá sea ignorada y no valorada mi opinión, pero sobre todo, esperanzado en que recibiré demasiadas críticas constructivas que lo primeramente señalado.

Desde hace varias décadas apareció un movimiento popular que considera que en el centro de la labor gubernamental debe estar la preocupación por generar justicia social. México a intentado centrar su desarrollo en ese objetivo desde la construcción de una vida independiente del régimen monárquico español. De ante mano, por eso lucharon los primeros libertadores, de ahí que no es una novedad, o pertenencia exclusiva de un partido político actual, el que se pugne por propiciar condiciones dignas.

Sin embargo, conviene precisar que usted, como operador jurídico u administrativo del poder judicial, sin importar el fuero local o federal, cuenta con una gran responsabilidad de garantizar que las y los habitantes de México disfruten de sus derechos fundamentales. Lo que a su vez nos convierte en grandes protagonistas de nuestro país. No por qué Andrés Manuel López Obrador y su grupo partidista lo hayan puesto en la mesa de debate.

En fin, en este punto tampoco conviene recordar el amargo sabor de la intromisión burda e inconstitucional del pensamiento gubernamental del titular del ejecutivo al poder judicial. Lo que debe concentrarnos es esa estratégica manera de pensar cuando existe un problema jurídico. Sí, ese instinto innato del o la servidora pública judicial de saber cómo resolver el conflicto aún sin hacer el acuerdo o la sentencia.

¿Qué tenemos ahora? Un supuesto recorte de salarios en los trabajadores del poder judicial de la federación, y en breve claro, de los poderes judiciales de las entidades federativas. ¿Eso debería afectar nuestra estabilidad profesional? ¿Eso merma al justiciable en garantizar el contenido del artículo 17 Constitucional? ¿Esto atenta contra el principio de independencia judicial?

Al margen de que el conflicto se resolvió de manera jurídica por la sentencia de la acción de inconstitucionalidad con motivo de la Ley Federal de remuneraciones, en enero de 2020 deberá obtenerse el resultado de los salarios de las personas que laboran en el poder judicial. Según notas periodísticas, los magistrados de las altas cortes del país ya están resolviendo ese tema. ¿Y los demás? Se dice mucho, que los de "abajo" son los que resentirán el "bajón" en la "nómina", y no así las y los magistrados de circuito y juzgados de distrito.

Cualquiera que sea el escenario, es un atentado a la vida institucional del poder judicial el creer que ganar "mucho" hace mala justicia, y en consecuencia, no hay independencia en los tribunales. El propósito fue claro, desestabilizar la seguridad de los cargos y puestos de trabajo de las y los operadores jurídicos, en razón de que el poder judicial es un auténtico freno de a los demás poderes públicos.

Al respecto, ya desde el original artículo 39 de la Constitución Mexicana de 1917, establecía que el poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste. El artículo 12 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 proclamaba: "La garantía de los derechos (...) necesita una fuerza pública. Esta fuerza se instituye, por tanto, para beneficio de todos y no para la utilidad particular de aquellos que tiene a su encargo".

Así, desde ésta óptica, el discurso desalentador del gobierno federal actual en considerar las remuneraciones de las y los servidores públicos como un derroche económico innecesario, merma la construcción de la cosa pública, al desfasar el contenido de utilidad pública a la responsabilidad de las y los ciudadanos de recibir dinero del presupuesto público sin hacer distinción de la responsabilidad y el trabajo desempeñado.

Sin embargo, dejemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defina cuáles son los parámetros de interpretación de ese entramado jurídico, con la finalidad de que la visión política que descansó sobre esas premisas, no sea impedimento para ejercer el servicio público en México.

Lo que sí interesa, es la falta de compromiso con la nación, el que las y los Diputados de la legislatura actual, voten por iniciativas de ley que no propicie una justa retribución de los cargos público, cuyo eje central sea dotar de herramientas sólidas para la construcción de una administración gubernamental que no derroche el erario público, y a su vez, regulase aspectos muy sensibles que propician el establecimiento de una sociedad más justa.

Me refiero al trabajo de las servidoras públicas, que a la par de desarrollar un trabajo público, efectúan una doble jornada laboral en los hogares mexicanos, al múltiple esfuerzo y dedicación que realizan personas con discapacidad, a la falta de promoción de trabajadores pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas o pertenecientes a sectores sociales más marginados.

Las y los diputados tuvieron una gran oportunidad y la han desperdiciado.

Para ser sinceros, el hecho de las reducciones de los salarios a miembros del poder judicial federal o local, no debería ser un impedimento profesional personal, en razón de que las y los servidores públicos mexicanos, no contamos con el apoyo del gobierno federal o de la administración de justicia para obtener, por lo menos, nuestro título de grado de licenciatura o su equivalente. Las y lo disputados olvidan que la preparación académica obedeció al sacrificio personal o de las familias que con sacrificio, costearon una carrera universitaria.

En segundo lugar, la mejora en la calidad de la vida de las personas que laboran en el poder judicial, no está supeditado a la cantidad de dinero que reciben por ejercer sus funciones. Al contrario, sin desconocer cifras reales o estadística al respecto, me consta el sin número de historias y anécdotas de funcionarias y funcionarios que han sufrido para mantener, sostener y avanzar en el escalafón judicial. La mayoría de las veces, el servicio profesional de carrera no es más que un instrumento jurídico y formal que depende de su implementación, en gran medida, a los titulares de los juzgados o de los consejos de la judicatura.

Lo ganado, es gracias al esfuerzo de despertarse temprano, asistir puntualmente, ejercer el trabajo sin problemas y dar más de si para obtener acuerdos y resoluciones de calidad y que propicien la garantía de quienes acceden a la justicia. Quienes no hayan actuado como tal, para ser merecedores del cargo que ostenta, debieran ser la excepción a la regla y no significa que sea lo correcto.

Por eso, encarecidamente sugiero cambiar la estrategia de la protesta de personas funcionarias judiciales. Las y los diputados de la fracción morenista no necesitan que les contemos la interminable historia de sacrificios dentro del poder judicial, o de las injusticias que se padecen al laborar en dichas instituciones. En cambio, debemos exigir una verdadera labor legislativa comprometida con el diseño constitucional, en la que intenten solucionar el problema de falta de vigencia de justicia social en México, haciendo trabajos remunerados acorde con el trabajo y responsabilidad encomendada, con perspectiva de género, y orientada en generar mayores espacios de participación de los sectores sociales históricamente marginados. Lo que produjeron en nada se acerca a la realidad de nuestros empleos.

Por que si alguien conoce de inequidad social, son las y los operadores jurídicos de los poderes judiciales de México. Sí, los que advertimos historias de impunidad, falta de cultura de legalidad, abuso de particulares y de autoridades en las declaraciones, testimonios o demás narrativas que se encuentran plasmadas en las páginas de los expedientes judiciales. Nuestros archivos son la verdadera fuente de información sobre la realidad de nuestro país, y ningún numerario de sufragio podrá tener más o tanto valor que las injusticias relatadas en los párrafos de nuestras fuentes de trabajo.

Por eso, olvidemos el falso discurso y obliguemos a que lo centren en lo que verdaderamente importa, una ley que regule a las y los operadores jurídicos para garantizar un juicio imparcial y con las garantías procesales que exige el sistema nacional e internacional de protección de derechos humanos.

Una norma general que regule desde los impedimentos, excusas, recusaciones, inactividad gubernamental, licencias de maternidad y paternidad, condiciones generales de trabajo, etcétera. Pero también podemos ir más allá, y ver las condiciones en las que trabajan las y los empleados del sector salud pública, que tiene extenuantes jornadas laborales; o la de las maestras y maestros que no cuentan con un ordenamiento jurídico sólido que de estabilidad a los centros escolares. El personal de las policías que día a día arriesgan la seguridad personal por la colectiva, así como las y los defensores o asesores victimales que dan valor agregado al sistema de justicia penal.

Que quienes atenten contra la función pública que se instituyó para beneficio de los ciudadanos, sean sancionados de manera administrativa, civil o moral, y que se establezcan las condiciones del tratamiento de las investigaciones criminales a las y los funcionarios públicos.

Pero también, exijamos que exista una ley de remuneraciones que incluya la retribución de las y los legisladores locales y federales. Que una ley general defina las causas por las cuales jurídicamente se entenderá que han faltado con el compromiso de servir a México: faltas o ausencias injustificadas a las sesiones, número y calidad de iniciativas legislativas presentadas, cantidad de actividades parlamentarias en las que se advierte que escuchan a los ciudadanos y la sociedad civil organizada.

¿Verdad que no es difícil? Debemos centrar nuestra crítica en problemas más pulcros de la vida pública, que el hecho de partir del esfuerzo personal para lograr nuestras metas personales. Para el actual gobierno, la meritocracia no es factor determinante para el respeto de los derechos de las y los trabajadores, y si bien sirve de experiencia para demostrar la ausencia de garantías en los centros de trabajo, entonces, hagamos una lista de las cosas que están mal en nuestra fuente laboral pública, y expongámosla para realizar una propuesta de ley consensuada y real.

Teniendo presente ese contexto como principal recomendación que hago a las y los operadores jurídicos del sistema de justicia en México, se encuentra la de olvidar el derecho como un sistema de normas jurídicas inmutable e "incambiable" por el poder judicial. Por el contrario, recuerda que las leyes más obsoletas con las que se regulan las relaciones individuales, fueron creadas en el siglo pasado, y con aspectos incluso desde la época romana clásica.

Olvida el decálogo del abogado, o al menos, no lo consideres como el único. En su lugar, investiga sobre la deontología jurídica y de los valores modernos que deben imperar en los profesionistas del derecho. Construye uno propio, y compártelo. La ciudadanía tiene derecho de saber cómo se ejerce esta noble actividad día con día, con la finalidad de que no conceptualicen una idea sesgada.

En específico, las siguientes recomendaciones personales propician una mejor construcción institucional para el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, desde quienes laboramos en el poder judicial:

1) Sencillez, lo que implica no exagerar de la imagen, y no alardear de la meritocracia.

Si bien, los profesionistas del derecho tenemos un código de vestimenta exageradamente formal, eso no ayuda en nada a la hora de redactar resoluciones judiciales. Sólo el conocimiento jurídico amplio permite hacer un criterio judicial sólido.

Lo valioso de tu desempeño en el trabajo no es la autosuficiencia de conocimiento en leyes, sino en la habilidad de resolver un problema jurídico de manera ágil y eficaz.

Utiliza la formalidad cuando sea únicamente indispensable, y comparte experiencia con tus compañeros, en torno a cómo estudiaste una institución jurídica, y cuando te platiquen de un abordaje jurídico, no critiques de manera destructiva, mejor da posibles ideas para que en un próximo asunto similar, exista una solución más amplia. Transparenta tu trabajo en la forma y manera legal posible, para que las y los ciudadanos analicen la congruencia de lo que eres con lo que dices ser.

2) Atención ciudadana. El usuario de justicia es cualquier persona, no sólo las partes en el proceso. Cualquiera que entre en un recinto judicial desea algo de esa institución, y en la medida de lo posible debemos auxiliarle.

3) Estudia, pero sobre todo, investiga. La mayoría de los problemas jurídicos ya están resueltos o pendientes de resolver. Cuando no sea así, deberías proponer soluciones basadas en la Constitución y no en estimaciones políticas o visiones estereotipadas de la justicia.

Las facultades de derecho han replicado un sin fin de biografía extensa sobre el derecho. La ciencia jurídica se construye a través de las más recientes sentencias, sobre todo de los otros países y de tribunales internacionales de derechos fundamentales, y no necesariamente de la ley que ya fue redactada hace mucho tiempo.

Utiliza las herramientas tecnológicas. Revisa opiniones de periodistas comprometidos con la sociedad mexicana, y aquellos que lo ejercen de manera seria e informada.

Atrévete a visitar sitios de internet de juristas notables y los no notables. Una reflexión con fuerza argumentativa quizá esté en un texto que no necesariamente se haya publicado en forma de libro.

4) Construye la justicia. No todo está escrito en la piedra, y menos tratándose de la organización del poder judicial. No sigas pautas y objeta toda la resolución que intentas tomar. El silogismo jurídico fue la columna del derecho durante siglos, la que ya fue reemplazada por numerosas doctrinas jurídicas. Sólo es cuestión de explorar.

Desde mi juicio, sólo así podremos construir democracia judicial, que tanta falta hace a México.