Discurso de Eduardo Ferrer Mac-Gregor al recibir el Premio Nacional de Jurisprudencia 2018 de la Barra Mexicana de Abogados
PREMIO
NACIONAL DE JURISPRUDENCIA 2018
Eduardo
Ferrer Mac-Gregor
Presidente
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Lamentablemente
el mundo ha retrocedido en aspectos fundamentales. Los conflictos se
han agudizado y han surgido nuevos peligros. Las preocupaciones se
centran en torno a las armas nucleares que han alcanzo el nivel más
alto desde la Guerra Fría. El cambio climático avanza muy rápido y
la respuesta por parte de los países para detenerlo o enfrentarlo no
llega a tiempo. Las desigualdades crecen. Vemos horribles violaciones
a los derechos humanos y el nacionalismo y la xenofobia van en
aumento.
Con
estas palabras pronunciadas por el Secretario General de Naciones
Unidas, recibimos el inicio de 2018 que ahora está por terminar. A
través de este corto pero contundente mensaje, Antonio Guterres
lanzaba “una señal de alerta: una alerta roja para nuestro mundo”.
Estos
desafíos a nivel mundial no son ajenos a nuestro continente ni a
nuestra región. América Latina muestra una profunda inequidad
social y se perpetúa como la región más desigual del mundo. La
Comisión Económica para América Latina y el Caribe plantea en sus
últimos informes una situación desoladora: 187 millones de personas
viven en condiciones de pobreza y 62 millones en pobreza extrema. Se
observa con preocupación el incremento de distintas formas de
discriminación y violencia contra la diversidad y la otredad. La
violencia estructural contra la mujer se evidencia día a día: una
de cada tres mujeres ha sufrido violencia física y/o sexual a lo
largo de su curso de vida. La inseguridad y el crimen organizado que
muestra su violencia en las calles, desafían como nunca antes a
nuestras instituciones y democracias. La migración presenta desafíos
inusitados para los derechos humanos. La corrupción y la impunidad
permean nuestras sociedades. Estamos siendo testigos, además, de las
severas afectacions al medio ambiente. Estas problemáticas tampoco
son ajenas a nuestro país.
Ante
este escenario adverso de importantes desafíos para los derechos
humanos, ¿qué responsabilidad social tienen los colegios y barras
de abogados? ¿cuál es el rol de los poderes judiciales, de las
juezas y de los jueces mexicanos? ¿qué función tienen las
Universidades? ¿qué posición deben adoptar las organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos? ¿cómo deben reaccionar los
medios de comunicación social y, en general, la sociedad en su
conjunto?
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Qué
paradoja. Recibo el Premio Nacional de Jurisprudencia en un año de
desafíos inonmensurables para los derechos humanos, a la vez que
2018 constituye un año emblemático para la historia de la humanidad
y de nuestro continente.
Por
una parte, conmemoramos los 70 años de las Declaraciones Americana y
Universal de Derechos Humanos, que ha pretendido centrar el orden
mundial en la persona y su dignidad después de la segunda posguerra.
El desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos
humanos ha generado una interacción constante con el derecho
nacional, lo que ha motivado nuevas fuentes del derecho. Hoy el
derecho internacional ha entrado al torrente sanguineo de las
Constituciones latinoamericanas, como sucedió en nuestro país con
la reforma constitucional de junio de 2011. La interpretación
conforme a los tratados internacionales y el principio pro persona
se convierten en los ejes articuladores. Se trata de una nueva
cultura constitucional en la que el poder público tiene límites
infranqueables cuando está de por medio el respeto a los derechos
humanos.
También
este 2018 conmemoramos los 40 años de la entrada en vigor de la
Convención Americana sobre Derecho Humanos, vigente en nuestro país
desde 1981. El “Pacto de San José de Costa Rica” constituye un
hito en nuestro continente, al representar un instrumento jurídico
vinculante que además de consagrar de manera expresa aquellos
derechos que tenemos por el solo hecho de ser personas, se ha
convertido en un haz de luz con efectividad propia y ha consolidado
un régimen jurídico e institucional por encima de las fronteras
estatales. Precisamente el Pacto de San José es el tratado que crea
a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está cumpliendo
también 40 años de existencia.
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En
lo personal resulta especialmente significativo recibir el Premio
Nacional en 2018, año que asumí la presidencia de la Corte
Interamericana y fui reelecto para un nuevo mandato de seis años. No
puede haber mayor satisfacción para un académico y para un juez,
que recibir una distinción por el gremio de abogados.
Recibo
este reconocimiento con humildad, compromiso y esperanza. Con
humildad, porque estoy consciente que existen juristas con mayores
méritos y trayectorias profesionales que quien hoy lo recibe, muchos
de ellos aquí presentes.
Es
por ello que acepto esta distinción a nombre de la institución que
represento, a nombre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Lo recibo a unos días de cumplirse el vigésimo aniversario de que
México aceptara la jurisdicción contenciosa de la Corte, el 16 de
diciembre de 1998. Lo recibo a nombre de esta institución, que ha
coadyuvado al fortalecimiento del Estado de derecho y las
democracias de nuestra región, en la que han dejado su estela
juristas mexicanos ejemplares que me han precedido, como los doctores
Héctor Fix-Zamudio y Sergio García Ramírez, que fueron presidentes
de dicho Tribunal internacional y también galardonados con el Premio
Nacional de Jurisprudencia.
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En
sus cuatro décadas de existencia, la Corte Interamericana ha
escuchado a las víctimas de las más graves violaciones a los
derechos humanos. Por su sala de audiencias han pasado cientos de
víctimas y en ella confluyen miles de historias de vida que
representan lo más bajo de la clueldad humana, pero que también han
dibujado la historia de nuestro Continente con su búsqueda de
memoria, verdad, justicia y reparación. Protegiendo
a las víctimas, el Tribunal Interamericano ha ido nutriendo de
contenido a las obligaciones estatales a través del efecto
útil de la Convención Americana,
renovando el rostro a los derechos y libertades consagrados en las
constituciones nacionales.
Ante
los desafíos que hoy tenemos, creo necesario resaltar las que
considero las cinco grandes líneas jurisprudenciales de la Corte
Interamericana, que a mi juicio han contribuido al
fortalecimiento de las democracias constitucionales de la región.
En
primer lugar, resulta paradigmática la jurisprudencia
interamericana en casos de graves violaciones a derechos humanos,
especialmente en temáticas como desapariciones forzadas, ejecuciones
extrajudiciales, masacres, tortura, pena de muerte e
inconvencionalidad de leyes de amnistía. Precisamente en este 2018
se cumplen treinta años de la primera sentencia de fondo, relativa
al caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, en la que se
establecieron los primeros estándares sobre desapariciones forzadas
de personas. El Tribunal interamericano fue pionero en la meteria,
destacando la centralidad de las víctimas y sus derechos, así como
advertir el grave daño que provoca la impunidad en la sociedad y el
Estado de derecho.
En
segundo lugar,
resulta relevante la jurisprudencia de la Corte respecto a los
derechos humanos de personas y grupos en
situación o condición de vulnerabilidad.
El Tribunal ha sido enfático en señalar que toda persona que se
encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una
protección especial por parte del Estado. De esta manera, la Corte
Interamericana ha visibilizado a los más vulnerables, protegiendo
sus derechos y estableciendo estándares garantistas para niñas,
niños y adolescentes, mujeres víctimas de violencia de género,
personas mayores, pueblos indígenas y tribales, personas con
discapacidad, personas en situación de esclavitud contemporánea,
afrodescendientes, personas LGBTI, personas migrantes, refugiadas y
solicitantes de asilo, privados de libertad, desplazados forzados,
defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y personas
en situación de pobreza.
En
tercer lugar, la jurisprudencia de la Corte Interamericana
también se ha dirigido a temáticas consubstanciales a la
democracia y al Estado de derecho, como son las relativas a la
independencia judicial (en su dimensión institucional o individual),
la libertad de pensamiento y expresión, los derechos políticos, la
participación ciudadana en asuntos públicos, la transparencia y el
acceso a la información, los límites a la jurisdicción militar, el
uso proporcional de la fuerza pública, así como en general derechos
atinentes al debido proceso, la protección judicial, el combate a la
corrupción y la erradicación de la impunidad, que conjuntamente
conforman el acceso a la justicia de las víctimas, esencial
en cualquir sistema democrático.
En
cuarto lugar destaco
la línea jurisprudencial sobre el concepto de reparación
integral a las víctimas de violaciones
de derechos humanos. Las medidas de reparación ordenadas por la
Corte, no se limitan a indemnizaciones
pecuniarias, sino que se dirigen a
atender de manera integral las necesidades de las víctimas, mediante
la restitución del derecho,
en casos en que ello sea posible; la rehabilitación
para resarcir daños a la integridad
física o psicológica de las víctimas; la satisfacción,
como pueden ser un acto público de reconocimiento de responsabilidad
internacional, determinar el paradero de víctimas de desaparición
forzada o identificar y entregar sus restos mortales. Mención
especial constituyen las medidas de no
repetición, que permiten
cambiar la legislación, práctica o situación
estructural que dio origen a la violación de los derechos humanos,
entre las que se incluyen capacitaciones en derechos humanos a
funcionarios públicos, como por ejemplo, a juzgadores o a miembros
de las fuerzas armadas.
En
quinto lugar,
la Corte recientemente inició una línea
jurisprudencial sobre la justiciabilidad directa de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), que
tradicionalmente se protegían mediante la conexidad con los derechos
civiles y políticos. A partir de ahora el Tribunal de derechos
humanos del continente, puede conocer de demandas que involucren
directamente derechos sociales, como los derechos al trabajo, a la
seguridad social, a la salud o al medio ambiente sano, entre otros.
Incluso, a partir de esta nueva interpretación, la Corte tiene
competencia para analizar la posible responsabilidad estatal por
violación al principio de progresividad y no regresividad en la
vigencia de estos derechos. Lo anterior abre una vertiente de amplios
horizontes, particularmente sensible en nuestra región, donde los
derechos sociales representan una promesa constitucional incumplida.
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Por
supuesto que la jurisprudencia interamericana no se agota en
estos grandes temas. He tratado simplemente de sistematizar y
reafirmar las materias sensibles en las que la Corte Interamericana
ha ido creando estándares regionales robustos para la protección y
efectividad de los derechos humanos, que también aplican para
nuestro país. Esta jurisprudencia interamericana se ha convertido en
un patrimonio jurídico del continente, en un derecho común
latinoamericano en materia de derechos humanos, que trasciende
las fronteras estatales, más allá de ideologías y de gobiernos de
izquierda o de derecha.
Al
recibir este Premio Nacional, he querido resaltar la importancia de
la jurisprudencia interamericana para hacer un respuetuoso
llamado a las abogadas y abogados del país a que no sean meramente
observadores sino actores comprometidos con el cambio social. Los
invito a que hagan suya la jurisprudencia interamericana, a que la
utilicen de manera cotidiana. Son ustedes los primeros en invocar el
corpus iuris interamericano. Son los primeros intérpretes de
la Convención Americana y en argumentar a favor de la vigencia plena
de los derechos, en tutelar que se cumpla con el control de
convencionalidad por todas las autoridades en el ámbito de su
competencia. Son ustedes protagonistas, verdaderos defensores de los
derechos humanos y de nuestra democracia sustativa.
Estoy
convencido de que también la jurisprudencia interamericana, puede
arrojar luz a los importantes desafíos que hoy ocupan la agenda
nacional: justicia transicional, amnistía y perdón, comisión
de la verdad, reparación integral a víctimas, seguridad pública y
fuerzas armadas, desaparición forzada de personas, feminicidios,
políticas migratorias, pobreza estructural, grupos vulnerables,
combate a la corrupción y a la impunidad, consulta a pueblos y
comunidades indígenas, desarrollo sostenible y medio ambiente,
libertad de expresión, independencia judicial, entre otros.
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Señoras
y señores, decía al inicio que recibía esta distinción también
con esperanza. En el libro más reciente de Kathryn Sikkink,
Evidence for hope, la destacada politóloga y científica
social de la Universidad de Harvard nos da buenas razones y
evidencias del por qué seguir creyendo en el movimiento de los
derechos humanos, ante el escepticismo y los retrocesos que se
advierten a nivel global. Compartimos esta visión, especialmente en
los momentos de incertidumbre y desafíos en que vivimos.
Debemos
aquilatar lo logrado, sin desconocer que todavía queda mucho camino
por recorrer. Nuestro compromiso implica seguir trabajando centrados
en la persona y su dignidad. Nuestra responsabilidad está en cuidar
y seguir fortaleciendo aquellas instituciones y organizaciones que a
nivel nacional e internacional contribuyen a la vigencia de los
derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Ante
las señales de alerta por los signos de deshumanización que nos
advertía el Secretario General de las Naciones Unidas, a comienzos
de este tumultuoso 2018, hago mías sus palabras de aliento: “Debemos
resolver los conflictos, superar el odio y defender los valores
compartidos. Pero solo podemos lograrlo si lo hacemos
juntos…Reduzcamos las diferencias. Superemos las divisiones.
Restablezcamos la confianza uniendo a las personas en torno a
objetivos comunes. La unidad es el camino. Nuestro futuro depende de
ello”.
A
unos días de conmemorar los 70 años de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, reafirmo mi convicción inquebrantable con el
respeto y vigencia de los derechos humanos, como elemento
consubstancial para las democracias constitucionales de nuestros
días. Cuenten con la Corte Interamericana para seguir construyendo
el rostro humano de la justicia. Contamos también con
ustedes.
No
podría terminar sin agradecer a mi cómplice y compañera de viaje.
Gracias Aída por compartir nuestras luchas y por el apoyo
incondicional. Juntos albergamos la esperanza de lograr que el mundo
que hereden nuestros hijos y las generaciones futuras, esté definido
por valores como la paz, la justicia, el respeto, la igualdad, la
tolerancia y la solidaridad.
Con
esa confianza y esperanza en el futuro, deseo lo mejor para nuestro
México, para cada uno de ustedes y sus familias. Muchas gracias.
Documento obtenido de la cuenta de Twitter de la Barra Mexicana de Abogados, así como La Revista de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Número 107. Diciembre 2018 - enero 2019, páginas 29 a 35, que puede ser consultado dando clic en los hipervínculos.
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